En mayo del año pasado la Justicia obligó al Banco Provincia a suspender el cobro compulsivo de un seguro por robo en cajeros automáticos. Ahora le ordenó devolver la plata cobrada de más. Son más de $ 30 millones que durante dos años debitó de las cuentas de alrededor de dos millones de usuarios sin permiso .

La presentación fue realizada por una asociación de consumidores a través de una acción colectiva que favorece a todos los titulares de tarjetas de débito del banco afectados por la misma situación.

Durante dos años -abril 2001-abril 2003- el Bapro debitó mensualmente $ 1 de las cajas de ahorro, cuentas corrientes y tarjetas Bapro Electron de 1.908.285 usuarios, entre empleados estatales, privados y jubilados.

Se trata de la cobertura de un seguro por extracción forzada en cajeros automáticos y/o extravío de la tarjeta de débito Bapro Visa Electron, que el banco implementó mediante un acuerdo con Provincia Seguros S.A.

En mayo de 2003, mediante una medida cautelar, el juez había obligado al Bapro a suspender el cobro compulsivo del seguro. Entonces, el banco tuvo que consultar a todos sus clientes si querían el servicio o no, para lo cual debían firmar un formulario con el consentimiento .

Ahora el Juzgado en lo Comercial Nº 18, a cargo de Germán Páez Castañeda, ordenó al banco restituir ese dinero (alrededor de $ 17,8 millones, según la pericia) más los intereses "a la tasa que aplicó el banco durante la vigencia del débito del seguro".

Los peritos calcularon que la cifra ascendía en octubre del año pasado a $ 28 millones, según informó la Unión de Usuarios y Consumidores, que inició la demanda. "Ahora suman más de

$ 30 millones", precisó Horacio Bersten, secretario general de la entidad. Y dijo que de la pericia surge, además, que "el banco sólo pagó siniestros por la suma de $ 700.000, lo que demuestra que el negocio rindió mucho. A esto se suma la falta de proporcionalidad entre la prima cobrada y los riesgos asegurados: ¿Por qué el jubilado que gana $ 200 o el que percibe un sueldo de

$ 3.000 tienen que pagar $ 1 como tasa fija, cuando difícilmente a los primeros les lleguen a robar $ 2.000?", apunta Bersten.

En el Bapro dijeron a Clarín que apelarán el fallo, reiterando los argumentos que presentó en la defensa (ver "Por la ínfima ...).

El 31 de agosto, en un fallo similar, el mismo juez ordenó a la Banca Nazionale del Lavoro devolver $ 6 millones a sus clientes por debitar de las tarjetas de crédito cargos no informados en los contratos . La medida se basó en otra acción colectiva, presentada por la Dirección de Defensa del Consumidor de la Ciudad.

Tanto la Unión de Usuarios y Consumidores como el organismo porteño iniciaron estas acciones colectivas facultados por la Ley de Defensa del Consumidor y el artículo 43 de la Constitución Nacional. Estas demandas se tramitan por la vía sumarísima, un procedimiento más abreviado que el normal . Las sentencias o medidas cautelares favorecen a todos los consumidores que están en la misma situación.

"Hace años que las asociaciones y especialistas en derecho del consumidor estamos construyendo este camino, que ahora se está convirtiendo en una herramienta útil para resolver los problemas de la gente ", dice Bersten.

Para Norberto Dorensztein, coordinador legal de Defensa del Consumidor de la Ciudad, el fallo del juez Páez Castañeda "constituye un precedente valioso y de avanzada . Por un lado, permite obtener la restitución de sumas de dinero indebidamente cobradas a miles de consumidores afectados. Y, además, muestra la importancia de estas acciones como modo eficaz de resolución de conflictos masivos".

Bersten remarca que en el juicio "la discusión no pasó por si el seguro del Bapro era caro o barato, bueno o malo. Concretamente, su cobro fue compulsivo y se engañó la voluntad de la gente ". La Ley de Defensa del Consumidor prohíbe a cualquier empresa cobrar un servicio no solicitado y que genere un cargo automático en un sistema de débito.

Finalmente, el juez consideró que el banco no brindó información adecuada a los usuarios. Y sostuvo que el argumento del banco para cobrar el seguro, " la inseguridad reinante en el país ", no necesariamente debió ser compartido por los usuarios.