Desde 1983 y casi ininterrumpidamente, nos acompaña la discusión sobre la reforma político-institucional. En general, se promueve el debate respecto de un aspecto central de la cuestión, aunque no el único: la reforma del sistema electoral.

Se trata ésta de una visión acotada, ya que la reforma institucional debería abarcar, entre otros puntos salientes y sobresalientes, a los partidos políticos, la administración pública, la relación entre la nación y las provincias, el sistema de justicia, el uso de los decretos de necesidad y urgencia por parte de los presidentes y la adeudada ley de acceso a la información pública. No obstante, estas discusiones no ocupan las primeras planas.

Bien se sabe que los sistemas electorales no son neutros ya que introducen efectos en la representación, la competencia partidaria y la gobernabilidad. En consecuencia, su mayor o menor efectividad debe juzgarse en cuanto al principio de representación buscado, la teoría democrática y el contexto sociopolítico e histórico particular en el que debe operar.

Es así que una pequeña modificación de alguno de sus componentes podría borrar de un plumazo a los partidos de la oposición o generar una fragmentación del sistema de partidos en el Congreso, que implicaría riesgos para la gobernabilidad de la democracia presidencial.

La tensión entre gobernabilidad y representación es esencial en la discusión sobre los sistemas electorales. En ese sentido, se dice que los sistemas mayoritarios -aquellos en los que el partido que saca más votos se lleva todas las bancas- facilitarían la gobernabilidad al reducir el número de partidos en competencia y, cosecuentemente, producir mayorías legislativas. Por su parte, los sistemas de representación proporcional facilitarían una mayor de cantidad de partidos políticos representados en la Legislatura, "comprometiendo" el logro de mayorías o cuasi mayorías legislativas.

¿Qué privilegiar? ¿La gobernabilidad, la representación, o ambas? Alertamos, entonces, acerca de la importancia que tiene para el sistema político este debate de raíces y efectos profundos, que hacen al pasado y al futuro de la configuración institucional de nuestra democracia.

Otra de las tensiones es aquella referida a las formas de votación: ¿votamos candidatos o partidos políticos?

Se dice que el uso de listas cerradas desbloqueadas provee a los ciudadanos la posibilidad de elegir y reordenar el menú de candidatos ofrecido por un partido. También se afirma que los candidatos se vuelven individualmente responsables ante su electorado.

Este sistema parece salvar la distancia que existe entre representantes y representados. No obstante, ¿es posible cuando se trata de grandes poblaciones electorales como en el caso argentino? A su vez, este tipo de lista aumenta la competencia intrapartidaria, elimina los lazos de solidaridad interna entre los candidatos de un mismo partido, incrementa el costo de las campañas electorales y el clientelismo (cada candidato implica una campaña), fomenta el acceso al sistema político de aquellos que poseen o reciben fondos, sean estos privados o públicos, y reduce ampliamente las chances de las mujeres en competencia.

El segundo tipo de lista -la cerrada y bloqueada, mal llamada "lista sábana"- implica que los votantes eligen partidos y no candidatos. Se dice que los representantes electos obedecen a la estructura partidaria que los nominó y no a las demandas del electorado.

Sin embargo, el actual sistema de representación proporcional limitada para la elección de diputados nacionales ha combinado la representación de la mayor cantidad de sectores sociales posible y garantizado un mínimo de disciplina partidaria tan necesario para la gobernabilidad democrática. Asimismo, ha asegurado que un tercio de los legisladores sean mujeres ubicando a la Argentina entre los países con mayor representación política femenina del mundo. Y, finalmente, ha facilitado que candidatos sin recursos suficientes para financiar una campaña electoral hayan ingresado en el Parlamento.

Se ha impuesto en la última década y media el argumento que sostiene que la eliminación de la lista cerrada y bloqueada -apenas uno de los componentes del sistema- resolverá uno de los problemas clásicos de toda democracia moderna: la distancia entre representantes y representados.

También se glorifican las ventajas de la importación del sistema electoral alemán, mal denominado "mixto", mientras se plantea sólo una implementación parcial, ya que su copia fiel implicaría una reforma de la Constitución Nacional.
Hasta aquí algunos datos extremadamente sintetizados respecto de ventajas y desventajas, defectos y virtudes de los sistemas electorales.

Para finalizar, un interrogante: si el tipo de lista fuera modificado y pudiéramos reordenar las posiciones, ¿los candidatos que hoy parecen no satisfacer a la opinión pública, desaparecerían? Quizá sea interesante pensar en un cambio de enfoque: ¿por qué no discutir primero la reforma de los partidos políticos?