La Organización Mundial de Comercio (OMC) ha elaborado un proyecto que ha generado críticas en varios países de Latinoamérica porque su concreción implicaría una virtual mercantilización de la educación superior.

El aludido documento propone liberalizar el sistema universitario para ampliar el campo de la educación privada facilitando el ingreso de universidades extranjeras. La idea se remonta a 1998, cuando se planteó por primera vez que se incorporara la enseñanza universitaria al Acuerdo General de Comercio y Servicios, que propicia la liberalización progresiva de los servicios.

El argumento central es que si un país admite universidades privadas significa que acepta el principio de que la educación es una mercancía y por ende puede ser desregulada. De este modo, una universidad extranjera podría instalarse en el país sin pasar por evaluación previa, con planes de estudios sin control, y con la facultad de cerrar cuando dejara de ser un negocio.

Si se considera que es un bien público estratégico para el país, como lo ha afirmado el ministro de Educación, va de suyo que es el Estado el que debe orientar y supervisar la forma en que se imparte. Esto no implica que no puedan existir instituciones privadas, sino que éstas deben atenerse a normativas generales que regulan el bien común.

Es una cuestión de valores: quien recibe educación no puede ser considerado un mero consumidor, pues así se estaría dejando de lado su identidad histórica y cultural. Peor aún, como sociedad se estaría renunciando a algo tan esencial como formar ciudadanos y orientar la educación terciaria en función de un proyecto propio de país.

Un proyecto de la OMC propone la desregulación y apertura al exterior de los sistemas universitarios, lo cual reduciría la capacidad de las naciones para orientar y supervisar su educación terciaria.