Nuestros virreyes ganaban el equivalente de unos cien mil dólares por mes. Nuestro presidente, Néstor Kirchner, se ha fijado un salario que equivale a la centésima parte de aquel monto. La comparación es sorprendente y, se me podrá decir, también poco académica. Sea. Pero sirve para enmarcar la pregunta central de nuestros días: ¿estamos sinceramente decididos a construir un Estado moderno capaz de orientar a la sociedad y evitar la disolución a que nos empuja la inseguridad? La comparación vale. Aquellos virreyes eran las cúspides de un Estado imperial de excepcional eficacia y eficiencia, que mantuvo la unidad del mundo español durante trescientos años, aun cuando España declinaba.

La calidad personal, el talento, la dedicación y la retribución de la cabeza del Estado son las llaves maestras de las que pende todo el aparato público. Sus virtudes y su retribución -del Presidente, de sus ministros, de los ministros de la Corte, de los legisladores, de los gobernadores- definen un modelo de Estado que cumple múltiples funciones en una sociedad moderna.

El Estado argentino ha sido destruido en los últimos años con argumentos de derecha y argumentos de izquierda (uso estos términos con beneficio de inventario). La derecha se dedicó a quitarle funciones y a reemplazarlas por prestaciones privadas: vigilancia privada, medicina privada, educación privada, televisión privada. Esta política de sustitución dejó cada vez más pobres a los pobres y fue fabricando la sociedad maniquea que hoy tenemos y que termina en la infelicidad y la inseguridad casi generales. La izquierda construyó con admirable ensañamiento el clima de sospecha y de castigo para que los funcionarios no pudieran tener ni sueldos honorables ni vidas honorables: algunos de sus voceros son periodistas que tienen retribuciones diez o veinte veces más altas que la del Presidente.

Ahora hemos llegado a los bordes del abismo y nos aturdimos con debates doctrinarios de tanta enjundia y vibración que parecen condenados a distraernos de algunas verdades simples. Garantistas o no garantistas, códigos de convivencia, funciones de los jueces y los fiscales, reformas penales o procesales han ocultado los problemas de seguridad, que son lo que nos acucia, lo que nos está diciendo que algo dejó de funcionar en el Estado argentino. No desconozco la importancia de los otros temas, pero pido que los ordenemos de diferente manera.

En las provincias pobres de la Argentina, los agentes de policía ganan alrededor de 400 pesos por mes, tienen por delante carreras profesionales sin promesas de progreso, viven en las mismas villas miseria que los delincuentes y con menores niveles de ingreso. A ellos se les confía la seguridad pública, con la expectativa de que pongan en juego nada menos que la vida. Estos modestos policías provincianos son los últimos vasitos capilares del vasto sistema que es el Estado y que empieza en ese presidente de la República que gana unas nueve veces más que ellos.

Hay coherencia entre esos dos extremos, pero son ellos los que parecen pertenecer a otra galaxia, porque deben gobernar, orientar y proteger a millones de personas que tenemos, a iguales jerarquías, niveles de remuneraciones muchísimo más altos. O sea, los particulares -o la "sociedad civil", según el dudoso eufemismo de moda- queremos creer que ese Estado, con esas remuneraciones y esos malos tratos, nos puede llevar a la modernidad, al progreso y a la paz social. ¿Somos conscientes del disparate o sólo pensamos que es una cuestión de debates doctrinarios y políticos?

Debate en Perú

Hace poco más de un mes, a raíz del anuncio de austeridad en el sueldo de nuestro mandatario, hubo en Perú un acre debate sobre los haberes del presidente Alejandro Toledo. LA NACION se hizo eco, con información de agencias y una nota firmada por Inés Capdevila. Por donde se la mirara, la información indicaba que en toda América latina los funcionarios ganaban en promedio unas cinco veces más que los sueldos que se están discutiendo en nuestro país. En esa ocasión, el ministro de Economía peruano, Javier Silva Ruete, fundamentó la necesidad de que los sueldos de los altos funcionarios fueran

considerables con un razonamiento contundente: "Sería una monstruosidad si se les pone a cero y no se les paga ni un centavo al presidente y a sus ministros, pues entonces tendrían que ser millonarios o ladrones".

En mayo último, la revista francesa L´Express dedicó un extenso informe a un tema tabú entre nosotros, las jubilaciones de los funcionarios políticos, las famosas jubilaciones "de privilegio". Allí se explicaba, por ejemplo, que los diputados se retiran con pensiones que van de 1592,90 a 5575,16 euros, según la duración de los mandatos. Y, entre otras muchas informaciones sobre el sistema de retiros, se daban datos sobre los sueldos que ganan los funcionarios en actividad en Europa: el primer ministro de Francia gana 16.100 euros, el de Alemania, 18.000, y el de Suecia, 11.800. Todos valores brutos e imponibles, pero complementados con los sistemas de salud y seguridad de esos países.

Si todo esto suena lejano, podemos volver a nuestra experiencia. Los presidentes constitucionales argentinos de los tiempos que recordamos como modelos -digamos, las décadas de 1930 o 1940- ganaban el equivalente de unos 20.000 dólares de hoy y, en proporción, seguían los ministros, los jueces y los legisladores. También es cierto que había muchísima menos oscuridad en los gastos de representación, gastos reservados o institucionales para uso privado. Aquellos altos funcionarios se vestían, viajaban, cumplían obligaciones sociales, comían e invitaban a comer con el dinero de esos sueldos. Era un sistema neto y previsible. Ahora, estimado lector, ¿usted cree que el presidente Kirchner puede hacer todo eso con los tres mil pesos que se ha fijado como haber mensual?

Podemos, pues, suponer, como dice el ministro peruano, que sólo podemos tener presidentes millonarios, o que perciben un sueldo que no tiene nada que ver con la realidad del gasto. Estaríamos en plena simulación.

¿Qué pasa con los miles de funcionarios de niveles alto y medio? ¿Tienen que ser todos millonarios? ¡Qué país de gente pudiente! Pero el problema se nos complica a medida que bajamos en la pirámide jerárquica del Estado, cuando empiezan a aparecer los médicos y enfermeras de los hospitales, los maestros, los investigadores, los militares, los inspectores y... los policías. Un agente de la Policía Federal, que cumple funciones en la ciudad más rica de América latina, con ingresos per cápita de $ 25.000 anuales, no llega a ganar mil pesos por mes. Sobre sus hombros y sobre el riesgo de sus personas -en lo que va del año hubo ya muchas bajas- se apoyan las vidas y el patrimonio de los porteños. Y para eso deben lidiar con el delito y ver pasar ante ellos asuntos multimillonarios.

Todo esto no es nuevo, pero ahora crepita. El camino hacia la destrucción del Estado se está acercando a su final y la decisión presidencial de fijarse un ínfimo sueldo es el toque de clarín de la llegada. Tenemos una democracia que pretende olvidarse de los valores del mérito y del esfuerzo y así sostener una suerte de igualación mentirosa. Como consecuencia de ello, los dirigentes políticos no quieren, no se animan o no se sienten merecedores de decir que los funcionarios deben estar bien pagados. En la loca carrera hacia la política clientelista que causa estragos en todas partes y especialmente en las regiones más pobres, muchos dirigentes han preferido anular una vacante con asignación de cuatro mil pesos dividiéndola en cuatro de mil para favorecer a más gente, espantando a los capaces, llenando el Estado de empleados incompetentes y cargándolo con una gigantesca hipoteca en gastos fijos para alojar a esas muchedumbres y darles servicios de trabajo. Y cuando el pánico acosa, nos enredamos en discusiones doctrinarias y terminamos espantados por haber descubierto que muchos policías por hacerse millonarios se han vuelto ladrones. La opción del ministro peruano está en plena vigencia.

Nos espera una verdadera reforma del Estado. Sin ella no habrá reforma del país. Será mucho más difícil que identificar los desarmaderos de coches clandestinos, porque hay que remontar una cultura "de izquierda" y "de derecha", los vicios de un sistema político desvencijado y la hipocresía de pretender calidad sin pagarla, en plena sociedad capitalista. Y dinamitar una masa pétrea de intereses creados, dentro del Estado y fuera de él. Tal vez deba empezar el Presidente por fijarse un sueldo creíble y hablarnos de la rejerarquización de todas las funciones. El tiene legitimidad: nosotros lo hemos elegido.