Sería un error revitalizar el debate improductivo acerca de si la Argentina dejó atrás lo peor de la crisis. Tampoco tiene mucho sentido, a mi criterio, clausurar la discusión sobre el futuro argentino afirmando de modo simplista que se logró superar la tragedia por la que atravesaba el país en diciembre de 2001.

Si se optara por estas alternativas, seguiríamos eludiendo la discusión que verdaderamente necesitamos como Nación: cómo se construye un país sólido y justo. La única forma de dejar atrás la gobernabilidad a plazo fijo que caracterizó a la política en los últimos años es hacer ingresar de manera decisiva la educación en la política argentina, en el sistema de decisión nacional, provincial y local.

El déficit de la gestión de la cosa pública va más allá de la discusión sobre una propuesta económica u otra, o sobre si hay que revisar o no las privatizaciones de los servicios públicos que se realizaron hace ya más de diez años. La debilidad de la política argentina es anterior, y las declaraciones y propuestas que circulan en la superficie de las campañas electorales apenas son un síntoma de esta situación.

Nuestro problema es la educación del soberano, tanto del que delega su poder (el pueblo), como del que recibe ese poder delegado (el gobernante, o los que aspiran a serlo).

Como hombre de la educación y de la política, creo imprescindible hacer un llamado de atención hacia adentro, pero sobre todo hacia afuera de la comunidad educativa. Mi planteo es que la Argentina necesita de manera urgente una mayor integración entre el conocimiento y la cosa pública. Y no me refiero sólo a la necesidad de impulsar los programas de vinculación entre el Estado y los claustros según un modelo de provisión de servicios. Esto sería sólo un enfoque instrumental de la educación, cuando lo que necesitamos es hacer de ella el fundamento de la acción política en la Argentina. Me refiero a la necesidad de elevar la capacidad de la gestión política. No intento decir que se deba poner como requisito el acreditar un diploma para que un ciudadano sea candidato o funcionario. Tampoco se trata de virar hacia una suerte de república de sabios. Lo que sí creo es que las soluciones de la Argentina no pueden venir sino de la aplicación del conocimiento y de integrar lo que hoy está separado en la Argentina: política y educación. Esta integración, creo, es la decisión que de manera urgente nos debemos como país.

Unir la política con la educación constituye el fundamento primero de un programa político. Sin embargo, es preciso definir el concepto de educación, para evitar el riesgo de la superficialidad. De hecho, la rigurosidad en el planteo es la condición indispensable para una propuesta que, como ésta, se basa en la necesidad de elevar la forma de construir el futuro de un país.

Políticamente incorrecto

Decir que la Argentina presenta, en cierta medida, un preocupante nivel de ignorancia puede resultar una afirmación políticamente incorrecta y hasta escandalizadora. Pero deberíamos aceptar, al menos, la posibilidad de que sea cierta, para identificar las debilidades nacionales y poder consensuar las definiciones básicas acerca de cómo se debe conducir el país.

Hoy la ignorancia no es sólo el analfabetismo (mínimo en nuestro país), sino tanto el iletrismo -según la definición de Luc Ferry-, en tanto incapacidad de entender y expresarse correctamente, como el deterioro de los niveles de capacitación que se advierten hoy en nuestra educación primaria y secundaria. Por eso creemos que es necesario valorar adecuadamente la importancia de la educación y poner al servicio de ella toda la capacidad de nuestras instituciones, que deberían estar dirigidas por quienes comprendan que la educación del más alto nivel posible para todos es el nuevo nombre de la justicia social en nuestro país.

Desde el notable impulso que Domingo Faustino Sarmiento dio a la educación, nuestro país se caracterizó, frente a sus pares de América Latina, por la capacitación de su pueblo y el alto nivel de sus profesionales. Esta era realmente la ventaja comparativa que teníamos y nos permitía, confiados en ella, encarar procesos de negociaciones con países más poderosos económica y demográficamente. Justamente cuando esta ventaja ocupa un lugar central en el desarrollo económico de cualquier país, cometemos el error de descuidarlas.

El mismo resultado obtenemos si analizamos este problema desde la perspectiva del comercio exterior. Cuando la Argentina debe crecer basándose en su capacidad exportadora, la menor calificación profesional de su gente termina siendo una desventaja importante, en momentos en que la apertura de mercados se centra fundamentalmente en el cuidado y el control de calidad de los productos en todas las etapas de su producción y transporte. La incorporación de valor a nuestra producción primaria sólo puede darse a partir de un desarrollo tecnológico que requiere una creciente capacitación en todos los niveles.

La ignorancia es un lujo que en la actual situación la Argentina no puede darse. La educación y la política, sin necesidad de diferenciarlas, son la llave para recuperar aquel paraíso perdido en el que este país estaba en condiciones de dar a sus habitantes un presente y un futuro deseables. De eso se trata, de tener posibilidades, hacia afuera y hacia adentro, para que cada argentino pueda acceder no sólo a una vida digna (que es mucho más que una muletilla de tiempos electorales), sino también a que en nuestro país se pueda recuperar lo que es el motor del desarrollo de una sociedad: que cada generación pueda aspirar a vivir mejor que las precedentes.

El autor es rector de la Universidad Nacional de Tres de Febrero.