Las
universidades públicas, la formación de profesionales
e incluso la identidad cultural están en serio riesgo de
extinción no sólo en Argentina sino en gran parte
del mundo no desarrollado. Se trata de un plan mundial para mercantilizar
la educación superior que no ha tomado estado público
porque queda englobado en un paquete mayor, el de "servicios",
apenas nombrado al pasar en las noticias sobre el ALCA o la cumbre
de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en Cancún.
Pero, a puertas cerradas, el tema de "desregular el mercado
de la educación superior" es de absoluta prioridad para
el mundo desarrollado. Miles de millones están en juego:
en 1999, el banco de inversión norteamericano Merril Lynch
calculó que para fin de 2003 el mercado de conocimiento por
Internet alcanzaría los 53.000 millones de dólares.
Y hoy, aun sin la apertura requerida por la OMC, la exportación
de servicios educativos aumentó en Australia de 6 millones
(1970) a 2.000 millones (2000), según dijo a Clarín
el brasileño Marco Antonio Dias, consultor en la Universidad
de Naciones Unidas y ex director de la UNESCO
"Lo que se debate aquí es mucho más que el dinero:
es si la educación de los ciudadanos va a seguir en manos
de los gobiernos democráticos o de las multinacionales. ¿Quién
va a definir la educación de nuestros hijos? ¿Bajo
el control de quiénes estará la formación universitaria?
En Francia hubo debates, libros, importantes movilizaciones y este
año la Unión Europea dijo que no iba a abrir más
esa área", dijo Dias telefónicamente desde París.
"Pero el tema está. Se frustró en la cumbre de
Cancún pero reaparecerá. La solicitud de Estados Unidos
en la OMC es muy clara: la educación universitaria debe ser
considerada un bien comercializable. Y si triunfa esta posición
ni la política educacional ni los contenidos de los programas
ni la validez de los diplo mas serían ya fijados por nuestros
gobiernos sino por entidades supranacionales muy influenciadas por
las grandes multinacionales. Si el criterio es ganar dinero, la
educación ya no será para todos y la idea de servicio
público y de derecho a aprender y enseñar quedará
profundamente minado".
El ministro de Educación, Daniel Filmus, fue igualmente
severo al juzgar los riesgos que se vienen. "Es muy importante
que el tema se conozca porque se vienen muchas presiones. La posición
argentina es muy dura: la educación es un bien público,
y no una mercancía", dijo al ser entrevistado por Clarín.
En la última cumbre de la OMC, el G22 se negó a discutir
el paquete "servicios" si el mundo desarrollado no revisaba
la protección al agro. Pero en algún momento lo hará.
Por eso esta semana, en Cochabamba, los gremios docentes de América
latina y el Caribe decidieron acciones para rechazar la propuesta.
La historia empezó en 1998 con la circulación de
un documento "restringido" (SCW 49 del 23 de setiembre)
que planteaba a los Estados que integran la OMC incorporar la enseñanza
universitaria en el AGCS (Acuerdo General de Comercio y Servicios),
un pacto del que también se habla poco pero que contiene
la llave secreta que regula la mayor o menor cantidad de soberanía
que tendrán los países y sus ciudadanos sobre sus
propios recursos y bienes. En 1995, al firmar el AGCS, los países
de la OMC aceptaron una "liberalización progresiva de
los servicios". |
"El pedido vino
del mundo del desarrollo", explicó el profesor Pedro
Romero, de la Universidad Nacional de Rosario, especialista en el
tema. "Nadie imaginaba que la educación podía
estar en juego hasta que empezó a circular ese documento
restringido en el año 98. En noviembre de 2002, 144 países,
entre ellos la Argentina, aceptaron la incorporación de la
enseñanza superior en el AGCS. Y según nuestra Constitución
los acuerdos internacionales como ése son superiores a las
leyes nacionales".
Dias sintetizó así ese laberinto
legal: "La OMC argumenta que si un país permite la existencia
de universidades privadas (lo llama "proveedores privados")
significa que acepta el principio de que la educación es
una mercancía y por ende entra en la regulación del
AGCS." Y hace una aclaración importante: "No es
una crítica a las universidades privadas. Hoy día
es lógico que haya una amplia oferta educativa desde esas
instituciones. Eso no está en discusión. La situación
financiera de los gobiernos latinoamericanos hace imposible que
el Estado pueda proveer de educación gratuita y de calidad
a todos. Y está bien que los gobiernos deleguen en instituciones
privadas el ejercicio de esa función tan importante. Pero
las privadas no pueden hacer lo que quieren. El Estado es quien
define qué y cómo se enseña." Desde la
perspectiva del AGCS eso sería imposible porque se ve cualquier
intervención estatal como una "barrera", incluyendo
el dinero para mantener a las universidades públicas.
Si se cumplen estrictamente los principios de
la AGCS, una universidad extranjera podría instalarse en
nuestro país sin pasar por evaluaciones previas, con planes
de estudios sin control, y también podría cerrar sus
puertas cuando deje de ser un negocio. Y según el profesor
Pedro Romero, de la Universidad Nacional de Rosario, se escucharán
argumentos similares a los usados "para la apropiación
de los servicios públicos en los 90: el descuido de las universidades,
la baja calidad educativa, la burocracia excesiva son la pauta de
que, en manos del Estado, la educación no da buen resultado."
Romero, como Dias, cree que el tema trasciende
lo económico: "Es una cuestión de valores: si
el educando pasa a ser un consumidor, le quitamos a la persona su
historia, su futuro, sus ideas, su identidad. Como sociedad renunciamos
a formar ciudadanos, a construir nuestro futuro y a diseñar
un proyecto de país".
Argentina está herida en una de
sus más preciados valores: la educación para todos
como pasaporte al futuro, como utopía de progreso y como
sueño. Aun así, la crisis de 2001 demostró
que, en la desesperanza, sin acuerdo previo, nos aglutinamos en
lo que nos hace sentir diferentes y nos fortalece: las expresiones
culturales hijas de una antigua educación pública
de calidad y de una enseñanza igualitaria. Es hora de debatir
la educación para la Argentina del siglo XXI.
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