La
educación superior es estratégica para que nuestro
país sea soberano en la orientación de su desarrollo
social, sus políticas públicas y sus inversiones privadas.
Por eso, la penetración norteamericana ha estado siempre
acompañada por intentos de orientarla que, débiles
durante el desarrollismo de los 60, cobraron inusitada fuerza con
el neoliberalismo menemista.
Entonces el Banco Mundial se obsesionó con imponer medidas
que facilitaran el traspaso de las instituciones universidades estatales
al mercado. Al mismo tiempo, la insuficiente inversión pública
y la administración clientelística instalada en importantes
universidades en los 90 allanó el camino para la"tercerización"
de posgrados, extensión universitaria, formación de
profesores y servicios auxiliares, así como para el aterrizaje
de numerosas universidades norteamericanas y europeas.
Estas, volcadas a la venta de servicios educativos de diversa calidad
por toda América latina, ofrecen acreditaciones simultáneas
en sus países, lo cual funciona como un reaseguro frente
a la desconfianza de los argentinos hacia los argentinos, aunque
los profesionales y científicos formados en nuestro país
sean especialmente requeridos en el exterior.
Como señaló Clarín en su edición del
domingo 2 de noviembre, existe una resolución de la Organización
Mundial del Comercio que impone a sus miembros la desregulación
de la educación superior, en el marco de haber decidido en
1998, con la firma de Argentina, incluirla en la lista de servicios
cuya comercialización internacional los países comprometieron
liberalizar.
Hoy el problema es mucho peor que en la crispada época de
la "laica y la libre" y afecta la educación estatal
y la privada nacional: se ha vuelto necesario defender a las universidades
públicas y el carácter nacional de las privadas, frente
a una competencia globalizada cuyos réditos en el mercado
mundial de la educación representan más de 600 billones
de US$ en los intereses de las corporaciones y en el cual Estados
Unidos es el líder mundial, con más de 10 mil millones
anuales.
Los países miembros de la OMC que no planteen sus restricciones
antes del 1/1/05 serán penalizados si limitan operaciones
comerciales de empresas educativas en su territorio.
Nuestra sociedad enfrenta el peligro de perder el timón
de su educación y hay medidas que deben tomarse sin dilación.
En primer lugar, acordar políticas proteccionistas de la
educación, medidas antimonopólicas y de fuerte articulación
entre los sistemas de educación superior e investigación
del Mercosur, manteniendo una posición común en la
OMC; diseñar estrategias que atiendan las necesidades regionales
de saberes socialmente productivos, de vinculación entre
enseñanza, investigación y desarrollo, de atención
a la demanda estudiantil, de conexión digital y comunicacional,
y avanzar en una legislación que proteja a la educación
como bien social.
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El otro aspecto es
que sólo una reforma que comprometa a la educación
superior en el aporte de cuadros técnicos y profesionales
necesarios para la reconstitución del trabajo brindará
las defensas que la situación demanda. En el caso argentino,
la reforma debe acelerar la articulación de los institutos
terciarios con las universidades, su acreditación como parte
de las licenciaturas universitarias, la mejora sustancial de los
posgrados, la puesta en red de las universidades del conurbano;
ampliar la base científico-tecnológica existente en
la Patagonia, estableciendo allí campus universitarios de
excelencia, a la vez que un avanzado sistema de educación
superior a distancia; fortalecer las universidades del noreste y
noroeste que carecen de la masa crítica necesaria para acceder
a subsidios, mejorar sus posgrados y desarrollar investigación.
Es urgente que la Universidad de Buenos Aires
se decida a volver a ser nacional, aceptando ser parte de una reforma
académica de su región.
Considerando que democracia y planificación
no son términos incompatibles sino que se requieren, se debe
planificar la distribución de los alumnos en las carreras
e instituciones, con mecanismos democráticos, que serán
facilitados si mejora sustancialmente la enseñanza media
y se pactan reformas curriculares que armonicen ese conjunto.
Haber eludido esa reforma trajo como consecuencia
la anárquica oferta de posgrados que abrió al mercado
monopólico un espacio que debería ocupar un pacto
social sobre el destino de la educación superior.
La reforma debe acortar las licenciaturas en
coincidencia con el promedio internacional, establecer títulos
intermedios y certificados de reconocimiento de los saberes adquiridos
dentro y fuera del sistema de educación formal (un avance
es la Agencia de Acreditación, creada hace poco por el Gobierno
de la provincia de Buenos Aires), reconocer los saberes acumulados
en tránsitos de los alumnos entre carreras y especialidades,
facilitar el reingreso dándole características de
sistema de educación permanente.
Hay que vincular los currículum con las
urgencias sociales y establecer la obligación del servicio
social, tanto como reponer a las universidades su función
de producir y transmitir conocimiento para el mediano y largo plazo.
Pero un horizonte de amplios objetivos
requiere de voluntades específicas: que cada miembro de la
comunidad universitaria ni por exceso de conservadurismo ni por
ambicionar cambiarlo todo ya renuncie a encabezar una razonable
reforma.
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